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Poder Legislativo DECRETO No. 7-2025 EL CONGRESO NACIONAL, CONSIDERANDO: Que el Artículo 59 de la Constitución de la República reconoce que: La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en el Artículo 65 establece que el derecho a la vida es inviolable y en su Artículo 68 reconoce que, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras, adoptó el 8 de marzo de 1999, la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la cual establece en su Artículo 2.1 que, cada Estado tiene la responsabilidad y deber primordial de proteger, promover y aplicar todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas que sean necesarias para crear todas las condiciones en las esferas social, económica, política y otras, así como las garantías jurídicas requeridas para asegurar que todas las personas bajo su jurisdicción, individualmente y en asociación con otras, puedan gozar efectivamente de todos esos derechos y libertades. CONSIDERANDO: Que en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consagra que los pueblos indígenas y personas tienen derecho al disfrute pleno de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna, como lo establece el Artículo 3, promoviendo el derecho a defender los Derechos Humanos en todos los niveles. Asimismo, en su Artículo 4, señala que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisan para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. CONSIDERANDO: Que Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de fecha 25 de agosto de 1997, el cual establece en su Artículo 2.1 que, cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otra índole. CONSIDERANDO: Que Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de fecha 17 de febrero de 1981, el cual expresa en su Artículo 2.1 que, cada uno de los Estados Partes del Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos ahí reconocidos. 11 A.

CONSIDERANDO: Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a promover y procurar la protección y realización de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales a Nivel Nacional e Internacional. CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras, es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en su Artículo 5.1 que, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. CONSIDERANDO: Que es fundamental reconocer el papel esencial que juegan los defensores del medio ambiente en la lucha por un futuro sostenible. Los Estados deben intensificar sus esfuerzos para proteger a estos valientes individuos mediante leyes efectivas, apoyo institucional y una mayor rendición de cuentas para aquellos que perpetran actos de violencia en su contra. CONSIDERANDO: Que al adoptar las disposiciones legislativas, contenidas en este Decreto se estaría avanzando significativamente en el cumplimiento; con veintisiete (27) recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), dos (2) del Comité de Derechos Humanos (CCPR), dos (2) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), una (1) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), una (1) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), una (1) del Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW); y una (1) del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). CONSIDERANDO: Que la explotación de los recursos naturales debe ser realizada de manera que garantice los derechos de las comunidades y la preservación de los ecosistemas y que los defensores de estos recursos merecen una protección especial ante la creciente violencia; siendo evidente que la falta de un marco jurídico adecuado, específico para las y los defensores del ambiente, ha permitido que ellas y ellos enfrenten criminalización, amenazas y atentados contra su vida y su integridad. CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. POR TANTO, DE C R E T A: